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Quienes Somos?


I. Dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

II. Institución descentralizada:

La DGI, es una institución descentralizada con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto es aplicar y hacer cumplir las Leyes, actos y disposiciones que establecen o regulan ingresos a favor del Estado, que estan bajo la jurisdicción de la Administración Tributaria, a tal efecto, anualmente recibe una partida presupuestaria, para ejecutar el cumplimiento de sus fines e impulsar una mayor eficiencia en la recaudación de todos los tributos.

III. Entidad Sustantiva Tributaria: Regula todo lo concerniente a la existencia y cuantía de las obligaciones tributarias.

La DGI es la encargada de administrar las leyes fiscales y recaudar los impuestos internos del país:

1. Impuesto sobre la Renta (IR).
2. Impuesto al Valor Agregado (IVA).
3. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
4. Impuesto de Timbres Fiscales (ITF).

IV. Entidad Administrativa Tributaria: Norma la ejecución de la función administrativa tributaria.

Entidad Recaudadora:

Todos los pagos que deban efectuarse a las instituciones del gobierno central en concepto de tasas, gravámenes, multas, tarifas por servicios y cualquier otro ingreso legalmente establecido, deberán ser enterados a las entidades competentes de la Dirección General de Ingresos o Dirección General de Servicios Aduaneros y serán depositados en las cuentas bancarias establecidas al efecto por la Tesorería General de la República del MHCP, e incorporarse en el Presupuesto General de la República.

V. Entidad Fiscalizadora: La Dirección General de Ingresos ejerce su acción fiscalizadora, a través de la Dirección de Fiscalización, y puede:

1. Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y fiscalización de los impuestos internos y demás ingresos que perciba el Estado, cuya recaudación esté encomendada por la Ley.

2. Practicar liquidaciones de oficio de los impuestos en caso de falta de presentación de declaraciones.

3. Estimar montos presuntivos del valor de las actividades gravadas y fijar el monto del débito fiscal, reducido por las cantidades acreditables que compruebe el responsable recaudador.

4. Determinar montos presuntivos para los contribuyentes que no hubieran presentado declaración en el plazo establecido o si la presentada no estuviera fundamentada en los libros contables que establece el Código de Comercio, otras leyes y el Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.

5. Verificar el precio o valor declarado o establecido de los actos o rentas gravadas, a fin de aceptarlo o modificarlo.

VI. Entidad Administrativa: Define y norma las facultades y deberes de la administración, como:

1. Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema tributario, de conformidad con lo que establece la legislación vigente y velar por que se apliquen rigurosamente.

2. Velar por el cumplimiento del Código Tributario y demás normas tributarias vigente.

3. Autorizar a otras direcciones, dependencias u oficinas del Estado o instituciones para que sean oficinas recaudadoras.

4. Autorizar procedimientos especiales, de obligatorio cumplimiento por las autoridades, personas naturales, jurídicas o entidades involucradas, para el pago de los impuestos en determinadas rentas y operaciones gravadas, tendientes a facilitar la actividad del contribuyente o responsable recaudador y una adecuada fiscalización.

5. Exigir la inscripción a las personas que realicen actividades gravadas, como responsable recaudador o inscribirlo de oficio cuando lo considere procedente.

6. Establecer los requisitos formales inherentes a la administración de los impuestos, que deban cumplir los contribuyentes, así como también, presentar la documentación correspondiente a los pagos realmente efectuados en concepto de esos impuestos.

7. Administrar el Sistema de Información Tributaria (SIT).

8. Incrementar el universo de Contribuyentes.

9. Administrar el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

10. Controlar y dar seguimiento a los servicios que brinda la Administración Tributaria, a fin de mantener una calidad óptima en los mismos.

11. Administrar y llevar un control de las exoneraciones establecidas por la Ley.

12. Informar diariamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las recaudaciones efectuadas, para la ejecución de la política tributaria.

13. Ordenar la intervención del negocio, a efecto administrativo del control de las operaciones gravadas y del pago de los impuestos en la forma y con las facultades que determine el Reglamento de la LEF, en los caso de suspensión de pagos, quiebra, insolvencia o falta reiterada de pago de impuestos del contribuyente y por cuenta del dueño del negocio.

VII. Entidad Procesal Tributaria: Aplica las normas y principios en el ámbito contencioso administrativo de la tributación.

1. Las autoridades fiscales están autorizadas por ley a revisar las declaraciones para el efecto de liquidar el impuesto y por tanto podrán hacer reparos o ajustes, exigir aclaraciones y adiciones, y efectuar los cambios que estime conveniente de acuerdo con las informaciones suministradas por el declarante o las que se hayan tenido de otras fuentes.

2. Descargo de pruebas:   

2.1 El contribuyente, tiene el plazo de 15 días para presentar u ofrecer pruebas después de la notificación del acta de cargos efectuado por la Administración de Rentas.

2.2   Los recursos se interponen en papel común.   

3. Efecto suspensivo                                                                                                   

La admisión de los recursos produce efecto suspensivo, no es necesario para interponer los recursos de Reposición, Revisión y Apelación, el pago previo de los tributos y sanciones de las que se recurren.

4. Recurso de Reposición o de Reclamo ante la DGI:

4.1
interpone a la autoridad que emitió la Resolución en el término de 8 días después de notificado el contribuyente.
                                                                                                                                    
4.2 Despues de notificada la resolución determinativa el contribuyente tiene 10 días para presentación de pruebas.

4.3 Pasados 30 días de haberse interpuesto el recurso, si la autoridad recurrida no hubiese resuelto se considerará que la resolución es a favor del contribuyente.

4.4  Si la resolución es negativa podrá interponerse ante el Director General.

5. Recurso de Revisión ante el Director General de la DGI:

5.1
De todas las resoluciones dictadas podrá pedirse revisión ante el Director General en el término de 10 días después de notificado el contribuyente.
                                                                                                                                               
5.2 Después de notificada la resolución sobre el Recurso de Reposición existe un período común de 10 días para la presentación de pruebas.

5.3 Pasado 45 días de haberse interpuesto el recurso, si el Director General no hubiese resuelto se considerará que la resolución es a favor del Contribuyente.

5.4 Si la resolución es negativa podrá apelarse dentro del término de 15 días a partir de la resolución.

6. Recurso de Apelación ante el el Titular de la Administración Tributaria:

6.1
  De toda resolución del Director General de Ingresos podrá apelarse ante la Asesoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6.2 El término para apelar será de 15 días a partir de la notificación de la resolución recurrida.

6.3 Se tendrá un plazo de 15 días para la contestación de agravios por parte de Administración Tributaria.

6.4 La apelación deberá interponerse ante el Director General de Ingresos quien deberá remitirla con un informe por escrito al Tribunal Tributario Administrativo, quien deberá resolver el fondo del asunto en un término de 90 días, tiempo después del cual en caso no exista resolución alguna, se entenderá resuelto el recurso de Apelación en favor de lo solicitado por el recurrente, las partes podrán recurrir de Amparo en la vía jurisdiccional.

VIII. Entidad Penal Tributaria: Aplica las infracciones y sanciones en materia tributaria.

1. Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los impuestos e ingresos.

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